Cultura deberá pagar por cuatro tablas inexportables seis veces su valor
La Audiencia Nacional obliga al Estado, a través de una sentencia emitida en 2023, a pagar 57.000 euros a los propietarios de cuatro tablas de los Doctores de la Fe atribuidas a Juan Sánchez. Cuando la propiedad solicitó a la Junta el permiso de exportación para subastar el conjunto en París hace siete años, el Estado se lo denegó y ejerció su derecho de compra por 10.000 euros, el precio consignado entonces en la solicitud.
Una sentencia podría sentar precedente y cambiar las reglas del juego. La Audiencia Nacional obliga al Ministerio de Cultura a pagar más dinero del estipulado por unas pinturas del siglo XV declaradas inexportables. Es una rareza y una excepción. ¿Por qué? Porque hasta ahora nunca había sucedido que el importe de una obra de arte que haya interesado a la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español haya incrementado su valor, a partir del que figuraba en la petición del permiso de exportación.
La noticia la publicó ayer el Periódico de España. Las pinturas en cuestión son en realidad cuatro tablas que representan a cuatro apóstoles y evangelistas: san Marcos, Santiago el Mayor, san Andrés y san Juan Evangelista. Pintadas por el burgalés Juan Sánchez, formaron parte del retablo mayor de la iglesia del Monasterio de Oña, cuyos paneles se dispersaron a partir del siglo XVIII (algunos de los cuales han podido verse en fechas recientes en nuestro mercado).
La historia se remonta al 22 de diciembre de 2016, cuando los dueños de las tablas objeto del litigio quisieron subastarlas en París. Para poder sacarlas de España, la empresa World Pack-Art, en representación de Kapandji Morhange –entidad propietaria de la casa de subastas Kâ-Mondo– solicitó el permiso de exportación donde aparecían, entre otros, los siguientes datos: «Pintura, siglo XV, óleo sobre tabla, medidas 60 x 180 cm. Valor 10.000 euros».
Como suele ocurrir en estos casos, la Junta solicitó un informe preliminar al Prado antes de dar su respuesta. En el museo estudiaron el conjunto y el 25 de enero de 2017 enviaron un escrito al Ministerio proponiendo denegar el permiso. “Su salida supondría una notable pérdida para nuestro patrimonio histórico común”, argumentaban.
En dicho documento se aludía tanto a la importancia de las piezas –procedentes del antiguo retablo del Monasterio de san Salvador de Oña– como a la relevancia de su autor: Juan Sánchez, un pintor del siglo XV que se sitúa entre el estilo internacional en el que se formó y el hispano-flamenco adoptado más tarde, tras asumir los modelos flamencos. Por esas razones, la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes denegó el permiso, al tiempo que ejerció su derecho de tanteo o adquisición preferente.
La denegación está firmada el 17 de febrero de 2017 y en julio de ese mismo año el Ministro de Cultura se comprometía a pagar por las tablas 10.000 euros, la valoración consignada por los propietarios en la solicitud de exportación. Así lo ordena la normativa vigente: “la presentación ante el Ministerio de una solicitud de exportación definitiva se considera oferta de venta irrevocable a favor de la Administración General del Estado, siendo el precio de la misma el valor señalado en la solicitud de la exportación”.
Los 10.000 euros figuraban en el documento inicial y 10.000 euros estaba dispuesto a pagar Cultura, tras declarar las tablas inexportables. Lo curioso es descubrir que una cifra semejante aparece en la propia página web de la casa de subastas francesa donde se iban a subastar, en marzo de 2017.
Según consta en Kâ-Mondo, las cuatro figuras estaban estimadas entre 12.000 y 15.000 euros –un precio en consonancia con el declarado en el permiso–, aunque en el lote también figuraba la siguiente información: “no presente. Denegada la salida del territorio español”.
Como el precio que figuraba en la solicitud del permiso no era el importe que tenían en mente los subastadores franceses ni los dueños de las tablas, presentaron varios recursos en 2019. Uno para tratar de levantar la prohibición de exportarlas, y el segundo para reclamar un pago superior, concretamente de 72.000 euros (cifra que consideraban más acorde con su valor real, para lo cual presentaron un informe de una restauradora que estimaba cada tabla en 18.000 euros).
Según la propiedad, el precio que quería pagar el Estado era “irrisorio” por eso acudió a los tribunales. Las quejas fueron escuchadas por la Audiencia Nacional, que estimó en parte los recursos. Y una vez estudiado con lupa el caso, los matices comienzan a tener importancia, como el hecho de que fuese un tercero –la empresa de transportes World Park-Art– quien pidiese el permiso de exportación (porque puede que tuviese autorización para gestionar los papeles, pero no para fijar el precio de las piezas).
La sentencia del pasado octubre reconoce que «la presentación de la solicitud de exportación comporta también una oferta de venta irrevocable a favor de la Administración General del Estado» y admite que al presentar dicha solicitud la propiedad «fijó un valor de 10.000 euros», pero también considera no probado que la empresa de mudanzas contara con el permiso de la propiedad para establecer dicho importe. Asimismo, el juez duda de la conveniencia del precio, especialmente porque el informe preliminar del Prado alude a una valoración de «como mínimo 10.000-12.000 euros cada una de las cuatro tablas».
Así las cosas, la Audiencia encargó durante el procedimiento judicial su propio informe a una perito ajena a la Administración y a la propiedad, que valoró las cuatro tablas en 57.000 euros, después de rebajar ligeramente la estimación por una mala conservación de las piezas. Este último documento parece haber sido clave para que la Audiencia, el 9 de octubre de 2023, emitiese una sentencia favorable a la demandante, que obliga a Cultura a adquirir las obras por dicho importe. Sol G. Moreno