El robo del Tesoro de Villena: una obligada reflexión sobre nuestras prioridades

Una trágica noticia ha golpeado el mundo de los museos y de la arqueología en España. Cuando agosto toca a su fin, el sueño de una noche de verano se ha tornado en una terrible pesadilla que aún nos resistimos a creer. TEXTO: Isaac Sastre de Diego.

La pasada madrugada del 27 de agosto de 2026, el Tesoro de Villena, junto con tres coronas votivas de plata, fue robado del museo de esta localidad alicantina, el MUVI. Esta fecha pasará a la historia de nuestro patrimonio como uno de sus días más negros. Se trata de un conjunto de más de 60 objetos de oro (entre brazaletes, cuencos, botellas y otras piezas singulares) pertenecientes a la Edad del Bronce, datado hacia el año 1000 a. C. Una época crucial en el nacimiento de las civilizaciones europeas, de organización y centralización del poder y de incremento del comercio a larga distancia, donde algunos especialistas sitúan el origen de los primeros estados de nuestra historia.

Por eso, quienes se han apresurado a calcular el valor monetario del tesoro, que cuantifican por encima del millón y medio de euros a partir de su peso, cercano a los 10 kg, se quedan muy lejos del verdadero valor, histórico, emocional e intangible de un conjunto que es único y excepcional en Europa.

Este ha sido sin duda un terrible golpe al patrimonio histórico artístico español y a sus museos, pero no el único en el último año. Se trata del tercer robo en una institución museística en menos de cuatro meses. Antes lo han sufrido el Museo Arqueológico Provincial de Badajoz, de donde sustrajeron un conjunto de monedas de oro, y apenas hace un mes en el Museo de Albacete, con otro hurto de un conjunto monetario del mismo metal.

No parecen casualidades, y el efecto Louvre hace sospechar en la existencia de un conocimiento previo de colecciones de metales preciosos expuestos sin la suficiente seguridad. Un dato que obliga a una reflexión profunda y, sobre todo, a pasar a la acción sin más dilación apelando una vez más a la colaboración entre las distintas administraciones.

Primero la reflexión. Se ha instalado en los museos una suerte de carrera, sin final a la vista, por ofrecer un abanico cada vez más amplio de oferta cultural: un frenesí de exposiciones temporales y actividades socio-culturales de todo tipo, más o menos relacionadas con la institución, que se suceden sin solución de continuidad en una programación que nunca echa el cierre, al mismo tiempo que sus profesionales reclaman necesarias mejoras en recursos para atender los nuevos servicios, sin desatender los viejos.

Es un modelo que ve en los museos una suerte de dialéctica que confronta una visión moderna como centros o espacios culturales abiertos, el “foro”, frente al viejo “templo” que solo buscaba el deleite y la contemplación del arte por el arte. Por supuesto, es necesario seguir atendiendo la realidad social de nuestro tiempo, y es obligado insistir en la demanda para la adecuación de los presupuestos a la realidad de lo que ahora se pide a nuestras instituciones culturales. Pero el robo producido en el Louvre nos demuestra que no es solo una cuestión de presupuesto, sino sobre todo un asunto de prioridades.

El principal cometido de un museo es proteger, custodiar y conservar el legado de nuestras culturas. Esto es aún más trascendente en un museo público, como son los tres que han sufrido robos recientes. Si olvidamos esta premisa de partida y relegamos sus funciones primigenias a otros intereses, nos volveremos cada vez más vulnerables.

Los tres casos poseen un denominador común: el interés por exponer al público este rico patrimonio ha prevalecido sobre unas deficientes medidas de seguridad que no fueron mejoradas para adecuar las condiciones de custodia al interés expositivo cuando se decidió sacarlas al público.

Segundo, la colaboración eficaz entre administraciones como única solución para defender nuestro riquísimo patrimonio, tan rico como frágil. De nada sirve buscar un único responsable en función de quien posee la competencia de gestión, o la titularidad de la pieza o piezas desaparecidas.

La Constitución Española es clara, como también lo ha sido el Tribunal Constitucional cada vez que se ha tenido que pronunciar al respecto. En materia de lucha contra la expoliación y el tráfico ilícito de nuestro patrimonio cultural, todas las administraciones están mandatadas a protegerlo y conservarlo. Y este mandato es mayor si cabe cuando se trata del patrimonio arqueológico, que es de dominio público como establece la Ley 16/1985, de 25 de junio, del patrimonio histórico español.

Ni los ladrones, ni los expoliadores de ningún tipo se cogen vacaciones. Para ellos nunca es verano. Por todo ello, la planificación primando la conservación, la comunicación con los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, y la transmisión de información entre administraciones deben ser continuas, permanentes; más aún en un escenario de previsión de robos como en el que lamentablemente nos hemos instalado.

Con ese objetivo se creó un Servicio de lucha contra el Tráfico Ilícito en el Ministerio de Cultura en 2022, un servicio que debe ser fortalecido. Ese también fue el objetivo del Plan Nacional de Arqueología cuando decidimos crearlo en el Consejo del Patrimonio Histórico de Zaragoza, en 2022, sin dilatar más de lo necesario su puesta en marcha, pues los instrumentos de coordinación se perfeccionan con su ejecución.

Ese es el objetivo del propio Consejo, ejemplo de coordinación entre administraciones, y ese es el espíritu de todos los profesionales del patrimonio cultural. Para el Tesoro de Villena solo nos queda confiar en que nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, una vez más, logren recuperar esta parte de nuestra historia que nos han robado.